CEAR advierte que no se puede sacrificar el derecho de asilo por la eficacia en la lucha contra la inmigración clandestina

12/Dic/2008 | CEAR

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de diciembre el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de la protección subsidiaria. Un proyecto que, a pesar de presentar de forma más ordenada la normativa española e introducir avances significativos en la regulación de la protección subsidiaria (personas que no son reconocidas como refugiadas pero que están necesitadas de una protección internacional por otros motivos), supone, según CEAR, "un retroceso significativo en varios aspectos claves del procedimiento".

Un derecho en crisis

El derecho de asilo está en crisis en todo el mundo. Cada vez es más difícil poder siquiera acceder al procedimiento, por lo que es fundamental  reforzar las garantías para evitar que los gobiernos sacrifiquen esta institución en beneficio de la eficacia en la lucha contra la inmigración clandestina. Sin embargo, con el proyecto aprobado, el derecho de asilo vuelve a ser víctima, según CEAR, de las políticas restrictivas: elimina el asilo por vía diplomática, relativiza indebidamente el papel del ACNUR, debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de país de origen y de tránsito seguros, excluye la posibilidad de solicitudes provenientes de países de la UE (lo que viola de forma directa la Convención de Ginebra de 1951) y avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en vez de reforzar el estudio individual de los casos, aumenta el margen de maniobra de la Administración para descartar solicitudes de asilo sin una valoración suficiente y justa. 

Desde CEAR reconocen los avances introducidos por el Ministerio de Interior en el proyecto que finalmente se ha elevado al Consejo de Ministros, en especial el compromiso de abrir un cupo anual de reasentamiento de refugiados y el tratamiento de la dimensión de género. Sin embargo, el texto aprobado debería haber sido sometido a una reflexión más serena y tendría que haberse debatido, con todos los actores sociales y sectores implicados, en profundidad.

CEAR considera que la Administración ha incumplido los plazos para la transposición de las disposiciones de la Unión Europea relativas a la construcción de una política común de asilo, por lo que no hay justificación alguna para precipitar la aprobación de una ley tan significativa en la protección de los derechos humanos. 

CEAR ha lanzado públicamente un manifiesto por la defensa del derecho de asilo, porque nuestra memoria histórica como país de refugiados y nuestro compromiso con los derechos humanos nos obliga a un mayor compromiso y coherencia. Con la conciencia y la movilización social, CEAR manifiesta su compromiso de continuar trabajando con los grupos parlamentarios, las organizaciones sociales y el gobierno para mejorar el proyecto de ley que además presagia una reforma negativa de la próxima ley de extranjeria.   

Para más información:
Gabinete de información pública CEAR
Eugenia García Raya.  695 481 176

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